El Gobierno de las Islas Baleares ha anunciado que presentará ante la fiscalía el contrato de compra de 88 viviendas en Palma, realizado por el anterior Ejecutivo de Francina Armengol, por un valor cercano a los treinta millones de euros. Esta operación, realizada mientras el Govern se encontraba en funciones, ha sido considerada ilegal por el nuevo equipo liderado por Biel Company.
La consellera de Vivienda, Marta Vidal, ha informado que la operación de compra ha sido revertida y actualmente se está negociando con la propietaria de las viviendas, Metrovacesa, para desistir de la denuncia del contencioso judicial.
Según ha explicado Vidal, el Govern de Armengol utilizó el derecho de tanteo y retracto establecido en la Ley de Vivienda para adquirir, por 25 millones de euros, 88 viviendas que la constructora Metrovacesa poseía en la zona de Nou Llevant. La consellera sostiene que esta operación resulta deficitaria para el Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), ya que el precio pagado se encuentra un 40% por encima de la media de las compras realizadas por el Ibavi. Además, las viviendas requerían adecuaciones para convertirse en viviendas públicas y se iba a aplicar un IVA del 21% debido a la falta de licencia de primera ocupación. Vidal ha señalado que existían informes técnicos desfavorables del Ibavi con respecto a esta operación y que no se presentó una memoria justificativa necesaria para aprobar asuntos cuando el Govern se encuentra en funciones.
La consellera ha destacado que el Ejecutivo de Armengol continuó insistiendo en la operación a pesar de que el procedimiento fue suspendido por la justicia tras una denuncia de Metrovacesa. Por su parte, el conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha señalado que se autorizó la transferencia de 17 millones de euros de los Puertos a la Conselleria de Vivienda sin el visto bueno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
Vidal ha explicado que toda la documentación relacionada con esta operación será enviada a la fiscalía para que investigue si se ha cometido algún tipo de delito en el proceso de compra. El Govern está comprometido en garantizar la legalidad y transparencia en todos sus actos, especialmente en aquellos que involucran el gasto de fondos públicos.
